Para institucionalizar una política de estado en la materia, la cuestión ambiental exige el compromiso de todos los actores políticos y sociales.
Argentina la tiene? Quizá la prolongada pandemia del covid-19 nos haya puesto en mejor perspectiva, el estrecho vínculo entre la humanidad y el planeta que habitamos. Hemos tomado noción de que la Tierra puede recuperar su equilibrio ecológico si se abandonan acciones antrópicas dañinas para el medio ambiente.

Que en la mayoría de los países del mundo se haya adoptado la cuarentena como medida estratégica de salud pública para prevenir la propagación del covid-19, ha significado al mismo tiempo, la ralentización del desenfrenado e irracional nivel de consumismo, pero fundamentalmente, su oferta productiva para satisfacerlo. La descontaminación atmosférica en grandes urbes y la aparición de especies animales en algunas ciudades, antes recluídas en sus hábitats a los que fueron expulsadas, son simples pero tangibles pruebas de que el “desarrollo”, ha sobrepasado la capacidad de la naturaleza para restablecer el equilibrio ecológico alterado. Si la evidencia de los hechos es contundente, no menos evidente resulta lo instituído o formalizado en nuestro orden jurídico. “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras…”, principia diciendo nuestra Constitución Nacional en la materia ambiental (1).

Por lo que inscripto tal principio en la norma de mayor jerarquía que un país se puede dar, nos obliga a responder la pregunta inicial admitiendo que, material y formalmente la Argentina tiene muy bien definida su política ambiental. Se postula que el desarrollo debe tener una orientación y una escala humana, es decir no debe ser acumulativo ni tampoco especulativo. Y a su vez, la actividad productiva debe satisfacer las necesidades presentes, sin comprometer nuestra descendencia. Es decir que el paradigma ambiental “es” holísitico, porque el ser humano forma parte del sistema ecológico, pero a la vez “debe ser” intergeneracional, porque la actual generación tiene que asegurar a las futuras, un ambiente sin menoscabos. Y ahí debe estar el Estado como ordenador y celoso árbitro del cumplimiento de la política ambiental definida. Porque sino entonces será una declamación de principios incumplida, pero además y fundamentalmente, trasladeremos para nuestra posteridad enormes pasivos ambientales que tendrán y remediar, cuando ello fuere posible, invertirtiendo elevadísimos recursos económicos. Sirvan de ejemplo de lo expuesto, el daño ocasionado por el polo industrial en la cuenca Matanza-Riachuelo, o las inmensas y perpetuas obras de infraestructura que ya abandonadas por las empresas mineras en la Cordillera de los Andes (2).

Cuando el Estado resulta cooptado por los sectores económicos, nacionales o extranjeros, para distraer su responsabilidad en la materia, permitiendo que las actividades productivas comprometan a las generaciones futuras, emerge como equilibrio político, el ejercicio colectivo del deber de cuidar el medio ambiente. El Asambleísmo ambiental es también lo que instituye nuestra Constitución Nacional como política en la materia, otorgándole a la ciudadanía en forma paralela al derecho de gozar de un ambiente sano, el deber de preservarlo (3).

La inmensa participación popular de fines del año pasado en Mendoza, para restablecer la vigencia de una Ley que protege el Agua, derogada por el lobby minero, es una demostración de ello (4). Es sabido que para impulsar la aprobación de la última reforma consitucional, se utilizó la provincialización de los recursos naturales como estímulo para su aprobación (5). La bondad de dicha intención se ha visto mansillada por el afán grotesco de caudillos provinciales, que han hecho de ello la construcción de enormes riquezas personales y la prolongación de dinastías políticas, a cambio de la sistemática violación de derechos ambientales esenciales. Por eso se haya aún pendiente en la agenda ambiental, la creación de una justicia tutelar de los derechos ambientales, mediante la institución de tribunales con competencia y jurisdicción en todo el pais, tal como fuera promovido por las ex diputadas Margarita Stolbizer y Graciela Cousinet.

  1. Artículo 41 CN.-Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe le ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos. (2).-Summitville en Colorado USA, fue la primera mina a gran escala del mundo en utilizar el sistema de lixiviación con cianuro, y donde en 1980 se produjo el primer caso en el que se contaminó el Río Alamosa. A partir de ahí, se abrió la discusión de quien carga con el costo del daño ambiental ocasionado por la actividad. (3)Art.41 CN (4)Ley Provincial 7722 (5) Artículo 124 CN.-Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto. Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.