“Hay que caminar hacia la igualdad social, esto es combatir la homofobia, la lesbofobia y la transfobia. Y eso se consigue con educación, educación, educación.”
Pedro Zerolo, activista socialista español y referente del colectivo LGBT+ (1960-2015)

En los últimos años, Argentina ha avanzado fuertemente en el camino de la ampliación de derechos para el colectivo LGBT+ (lesbianas, gays, bisexuales, trans y otras orientaciones sexuales e identidades de género diferentes a la cis heterosexual).

La construcción transversal de consensos, tanto en el Parlamento como en la sociedad, permitió a nuestro país ser el primero en América Latina – y décimo en el mundo – en aprobar la ley de Matrimonio Igualitario en 2010; y el país que aprobó la ley de Identidad de género más avanzada del mundo en 2012.

El trabajo articulado de las organizaciones y colectivos sociales – liderados por la Federación Argentina LGBT – y espacios partidarios de todo el arco político, convirtió lo que en 2005 era un anhelo, en una realidad concreta a cinco años de iniciada esa lucha.
Ambas normas reconocieron el derecho a la igualdad al colectivo de la diversidad sexual, y nos permitieron constituirnos como una comunidad que, tras décadas de persecución, violencia e invisibilidad, decidió “salir del armario masivamente”, al grito de “al closet no volvemos nunca más”.

Las campañas y debates en torno a ambas normas permitieron a muchas personas LGBT+ de todo el país, vivir libre y abiertamente la afectividad y la sexualidad, apoyadas en la legitimidad y la legalidad que las normas otorgaron.

Sin embargo, y a pesar de la enorme trascendencia e impacto de estas leyes, la “igualdad legal” no transforma por su mera aprobación las causas profundas – sociales y culturales – que originan la discriminación y el prejuicio.

Para alcanzar la “igualdad real”, esa que permite el ejercicio pleno de todos los derechos independientemente de la orientación sexual y/o identidad de género de una persona, hace falta promover políticas públicas que contribuyan a ese objetivo.

Las leyes son herramientas, necesarias, pero no suficientes, para apalancar esos cambios profundos que debemos perseguir – y alcanzar – si queremos construir una sociedad verdaderamente plural, democrática y diversa.

Para ello no alcanza siquiera el efecto pedagógico que tiene el propio ejercicio de los derechos conquistados.

Es cierto que cada vez que se celebra un matrimonio igualitario, o se reconoce la identidad autopercibida de una persona trans, estamos dando un mensaje de visibilidad y valentía a la sociedad, un mensaje que educa a las nuevas generaciones – sin importar la propia sexualidad – en el respeto y la convivencia.

Es cierto también que ese efecto pedagógico que tiene el ejercicio de los derechos ha alumbrado una primera generación nativo igualitaria, una generación para la cual estos derechos no son un sueño inalcanzable, sino el piso desde el cual luchar por otros – nuevos – derechos.

Pero a ese efecto pedagógico tenemos que empujarlo desde otras políticas activas, acciones afirmativas que – sobre la base de planes, proyectos e inversión pública – permitan acelerar los tiempos de esa necesaria transformación.

Entre esas políticas una se destaca especialmente, y es la educación.
Educación entendida en sentido amplio, no sólo (aunque es la más relevante), la que sucede en el sistema educativo formal, sino la que se produce allí donde hay comunidad.
Educamos, y nos educamos, en todos los espacios de la vida. En la familia, en el barrio, en el club, a través de los medios de comunicación, en redes sociales. Todos los ámbitos son pasibles de educar, y allí debe estar la acción del Estado para que esa educación se produzca en un sentido amplio e inclusivo.

Es por ello que el desafío transformador que se nos presenta hacia adelante debemos enfrentarlo, sin dudas, de la mano de la educación.

Educación sexual integral en todas las instituciones y niveles educativos. Educación para la diversidad en los medios de comunicación audiovisual. Educación contra la discriminación en redes sociales y ámbitos deportivos. En síntesis, una política pública de la pedagogía igualitaria como horizonte de una sociedad que evite sufrimiento inútil a sus ciudadanas y ciudadanos y, por tanto, sea una sociedad más digna, una sociedad mucho mejor.