Pensando la educación y la organización del estado en los tiempos de post-pandemia.

Promover la capacitación laboral y la formación técnico-profesional es hoy en nuestro país tan importante como sostener la escuela primaria. No es necesario destacar la tremenda importancia de la misma.

 

La pobreza y el desempleo crecen día a día. El cierre de empresas y comercios bate récords, con consecuencias dramáticas en términos económicos y sociales. Las necesidades y demandas que emergen son muy complejas y la respuesta, tanto del Estado como de los otros actores de la sociedad civil, es parcial, fragmentada, con escasa o nula coordinación y recursos insuficientes.

El diseño del Estado argentino para cumplir su función educadora responde más a una sociedad pasada, en la que el esfuerzo se centraba en la educación de las nuevas generaciones, mientras la problemática del trabajo y el empleo revestía una importancia significativamente menor en las políticas públicas.

Para educar a las nuevas generaciones se crearon los ministerios de educación. Ellos dedican sus esfuerzos y capacidades a administrar casi exclusivamente el sistema escolar, hasta el punto que bien podría decirse que: el ministro de educación es el ministro del sistema escolar. Estas estructuras insumen una buena proporción del presupuesto público destinado casi en su totalidad a la educación básica y a la universidad.

No hay en el Estado argentino un organismo ni un presupuesto equivalente para el resto del mundo adulto, la mayor parte de la población, los no escolarizados, los más necesitados. ¿Una injusticia? Hay ahí necesidades de educación y capacitación largamente insatisfechas y todo indica que esta situación tiende a agravarse.

En la educación básica la responsabilidad del Estado es innegable e indelegable. Así está definida en la Constitución Nacional, las constituciones provinciales y en las leyes específicas. Es el garante del derecho a aprender  y proveedor y regulador del servicio educativo.

¿Qué responsabilidad le cabe al Estado frente al concepto de educación/aprendizaje para toda la vida, aceptado internacionalmente y presente en nuestra ley Nacional de Educación?

Seguramente no es la misma responsabilidad que frente a la educación básica u obligatoria, pero el Estado no puede renunciar a ser el proveedor, articulador, orientador y promotor de las respuestas a las crecientes necesidades de educación, capacitación laboral y formación técnico-profesional de la sociedad adulta. Es esta una buena oportunidad para pensar la educación más allá del sistema escolar. ¿Es posible pensar en un área del estado, ágil, moderna, lejos de la imagen de pesada burocracia,  con capacidad de dar respuesta eficaz a las necesidades y demandas?

La respuesta que se requiere es gigante, a la altura de la tragedia que vivimos y de la que podemos percibir que se avecina. No tenemos en nuestro país estructuras estatales acordes con esas necesidades, un organismo equivalente al SENA colombiano, al SENAI de Brasil o al modelo de formación y capacitación profesional del País Vasco, un ejemplo en la materia.

Tal vez sea el momento de crearlo o, en su defecto, asumir un rol activo, propositivo, con una mirada política, abarcativa, que pueda coordinar, orientar e impulsar las muchas experiencias existentes en el mundo gremial, empresarial, en las organizaciones de los cultos y en el propio estado.

Crece el número de los sin trabajo

El desempleo presenta hoy tres dimensiones: uno el histórico, estructural. Hay sectores de la sociedad en la que conviven  tres generaciones sin haber conocido un trabajo estable. Hijos y nietos que nunca vieron trabajar a sus padres y abuelos. Dos, el llamado desempleo tecnológico. Quienes hacen prospectiva sobre el futuro del trabajo afirman que, a diferencia de otros avances tecnológicos, el desarrollo y la expansión de la inteligencia artificial y la robótica, están destruyendo más empleos de los que crea. A ello se suma el desempleo que generó la pandemia del Covid 19, con sus dolorosas consecuencias en todo el mundo.

Habría que agregar que un importante sector de la población muestra muy bajos niveles de calificación para el trabajo, haciendo más difícil  la reinserción laboral.
La capacitación laboral es un bien personal y social. Se trata de la satisfacción de un derecho y de la necesidad de ganarse dignamente la vida. Pero también está en juego el interés nacional y el bienestar general. La vida pública de la ciudadanía es de interés común. Esta puede ser enriquecida o empobrecida hasta volverse mediocre. La inserción en el mercado laboral para producir y desarrollarse trasciende a la persona y se enlaza en el conjunto. El trabajo digno es la mejor forma de revertir la pobreza y de construir las bases de una ciudadanía responsable.

La cuestión laboral está el centro de la escena. Con educación y trabajo productivo los otros problemas sociales van encontrando un cauce y la solución es más accesible. Para superar el debate entre trabajo y empleo es necesario capacitar para desarrollar la empleabilidad y también promover la capacidad de emprender, respetando la diversidad, las diferencias y los distintos intereses y objetivos personales.

Capacitar y elevar los niveles de calificación no alcanza si no forma parte de un plan de desarrollo productivo con un horizonte de mediano y largo plazo. Si no corremos el riesgo de capacitar para el exilio como se da con inmigración argentina en los EEUU tiene un nivel de calificación muy superior a la media de otras nacionalidades e incluso por encima de la media de ese país.

Los indicadores de la situación social nos muestran una crudeza pocas veces vista. Asustan, escandalizan, paralizan. Pero también pueden ser un motivador, el desafío a enfrentar, el punto de partida para la acción. Si hay un tema que merece y requiere que las diferencias políticas e ideológicas den paso a acuerdos fundamentales es el tema del trabajo. Con él nos jugamos el presente y el futuro.

* “el articulo es coautoría de Mario Giannonni y Sergio Abrevaya (Diputado de la Ciudad de Buenos Aires – GEN Caba)

Ex Ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires (1997-2000) y de la provincia de Río Negro, consultor en temas educativos, Es Maestro Normal Nacional, Profesor en Historia y tiene un pos-grado en Política e Investigación Educativa. Fue docente y ocupó cargos directivos en instituciones de los niveles secundarios, terciario y universitario.